lunes, 5 de julio de 2010

Unos por la escalera y otros por el ascensor

El Indec es el de los supermercados”, Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT)


   Si usted va al supermercado podrá darse cuenta con una simple mirada retrospectiva hacia la etiqueta que algo ha cambiado. No necesariamente los colores ni la calidad en el producto sino su precio. Eso mismo lo notará en gran parte de las góndolas y encontrar algo que considere una muy buena oferta le resultará casi imposible. Llenar el changuito en tiempos como los actuales no es lo que era y usted, envuelto en la nostalgia y efervescencia del ayer, se ve invadido por un lapsus y pronuncia: “¡Cómo me gustaría que vuelva el 1 a 1!”.

   No gaste energía en sentirse culpable por semejante deseo, la influencia que tiene la inflación sobre los hogares de los argentinos es indudable y el temor a que el sueldo no alcance para llegar a fin de mes es una constante.

   Parece ser algo novedoso pero el aumento en la tasa de inflación es una problemática que afecta a la Argentina desde mediados del siglo XX, en 1945. A partir de ese momento, el rumbo de la economía se mostró condicionada a las fluctuaciones de precios y se sucedieron las políticas destinadas a revertirla, en su mayoría, sin éxito hasta la famosa convertibilidad, con conocidas consecuencias.


La convertibilidad, un remedio peor que la enfermedad


   Las privatizaciones de los servicios públicos, entre ellos Yacimientos Pretrolíferos Fiscales (YPF), y los masivos endeudamientos ante el Fondo Monetario Internacional eran los únicos factores que podían mantener el tipo de cambio fijo, a la par del dólar.

   Cuando no hubo respuestas por parte de los dos actores, el delicado equilibrio económico terminó de sucumbir. La severa crisis político-económica, desencadenada a mediados del 2001, fue la muestra del desastre ocasionado por una ley que originalmente se limitaba a resolver una situación coyuntural, la hiperinflación -que había llegado a una tasa mensual del 196,6 por ciento- y que se extendió en el tiempo, generando una bestia que no hizo más que vaciar de recursos al Estado.

   Entre 1994 y principios del 2002 la tasa de inflación fue inferior a la internacional. “Bienvenidos al Primer Mundo”, invitaba el ex presidente Carlos Menem, sin embargo, ese mundo no fue para todos. La teoría del derrame defendida por Domingo Cavallo, uno de los economistas emblema de la época neoliberal, afirmaba que la distribución del ingreso se decantaría luego de que los sectores de mayor poder económico se “saciaran” de tener tanto y allí compartirían sus ganancias con los menos favorecidos. Como un vaso al que nunca se le deja de cargar agua, haciendo que se derrame, esa era la visión -y continúa siendo para algunos economistas- del crecimiento para el país.

   Resulta obvio que la teoría del derrame fue un completo fracaso. La tasa de desempleo llegó, en el año 2002, al récord del 21,5 por ciento, o sea, alrededor de seis millones de la población económicamente activa estaba sin trabajo. A su vez, el 57,5% de la población urbana (19,3 millones de personas) tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza.

   A comienzos del 2002 el país se declaró en banca rota ante el mundo y eso, curiosamente, fue aplaudido por un Congreso entero; el peso se devaluó y la burbuja de “estabilidad” inflacionaria se rompió. Esto generó un fuerte incremento de precios, especialmente en los bienes que se negocian en los mercados internacionales y que sus valores no fueron controlados por el Estado. Como una de las principales exportaciones de la Argentina son los alimentos, los precios internos aumentaron a la par de los precios internacionales.

   Los precios, según consultoras privadas de estadística, han ido escalando año a año hasta situar a la Argentina, en el 2009, en el tercer puesto del ranking del Fondo Monetario Internacional sobre los países con mayor tasa de inflación, con un 15 por ciento anual, luego de la República del Congo (31, 2%) y Venezuela (28%).


La intervención


   Las consultoras privadas han tenido una fuerte expansión desde 2007, cuando el Instituto De Estadística y Censo (Indec) fue intervenido por Guillermo Moreno, el Secretario de Comercio Interior del gobierno de Néstor Kirchner y que todavía continúa en el gabinete de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ante la falta de confianza en el organismo estatal, las consultoras se convirtieron en la principal fuente utilizada por los medios de comunicación y la información de las estadísticas se convirtió en un negocio muy rentable.

Cinthia Pok
   Cinthia Pok, ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), describe como una “masacre institucional” a la intervención y el nombramiento de Ana María Edwin como directora del organismo de estadística y censo. “La manipulación comenzó en el índice de precios al consumidor (IPC) pero no se dieron cuenta de que el sistema estadístico es eso: un sistema. Entonces, si se modifica una cosa tiene consecuencia en todo”, asegura. Pok fue desplazada y bajada de categoría con la intervención y denuncia, junto a muchos de sus compañeros de trabajo que sufrieron la misma situación, la manipulación de la información, el hostigamiento de los trabajadores y las situaciones de precariedad laboral en la que la intervención ha puesto a ellos para impedir las denuncias.

   La intervención del Indec significó más problemas que beneficios para el gobierno de Cristina Kirchner, convirtiéndose en uno de los puntos más cuestionados de su mandato que se inició con un discurso de “mayor institucionalidad”.



La estadística pública, algo más que un “maravilloso mundo”


Horacio Ghilini, CGT
   Los valores de la tasa de inflación son presentados en los noticieros como “el mundo ideal” del Gobierno, muy alejado a lo que “la gente” vive realmente. A pesar de que los aumentos de precios existen, es conveniente poner en duda las intenciones de las empresas periodísticas. “El Indec es la institución mejor preparada para la solvencia de las mediciones pero perdió la batalla comunicacional”, afirma Horacio Ghilini, secretario de estadísticas y defensa al consumidor de la CGT. En la tensa relación entre el Gobierno y los medios de comunicación, la credibilidad del Indec fue la más perjudicada. Como consecuencia, cualquier argumento en defensa de la metodología del instituto es considerado inverosímil y las consultoras privadas de estadísticas encontraron un espacio ilimitado en los medios para exponer sus números. “No hay consultora privada que pueda sustituir la magnitud de cobertura nacional del Indec. Es responsabilidad indelegable del Estado porque la estadística es un servicio público”, advierte Cinthia Pok, que no descarta las intencionalidades políticas y económicas de las empresas de estadística y medios.

   Cuando se inició la intervención, el diario La Nación informó que el Indec había elaborado una reponderación y una ampliación del Estimador Mensual Industrial (EMI). Esto se debía a que se estaba tomando como base la estructura manufacturera de la Argentina resultante del censo económico de 1997, cuando aún no habían sobrevenido la crisis y la devaluación. Por lo tanto, se había dispuesto adoptar como guía el censo de 2004. La modificación de la metodología implicaría una disminución del IPC debido a que los servicios públicos iban a dejar de tener tanto peso en el índice.

   Para Cinthia Pok esa metodología nunca fue implementada: “Simplemente se borra el número. El juez Rodolfo Canicoba Corral –a cargo de la investigación de la manipulación del Indec- dice que no se está analizando si hubo o no manipulación, porque ya está absolutamente demostrado que sí. Lo que se está viendo es si es delito o no”, denuncia tajantemente.

   La ex directora de la EPH del Indec destaca la importancia de la estadística pública y la gravedad de su manipulación al afirmar que “no es sólo una cuestión científica sino que tiene que ver con la vida concreta de la gente”. Los índices estadísticos se utilizan para la negociación de paritarias, la discusión salarial, para fijar cuotas alimentarias de manutención, alquileres, etc. Por lo tanto, el control del instituto por parte del Poder Ejecutivo y el constante pisoteo mediático en favor de las estadísticas privadas, lanzan una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿La credibilidad del Indec volverá cuando no esté más este Gobierno?


El papel de los formadores de precios


Guillermo Moreno
   La intervención del Indec es una de las manchas del gobierno de Cristina Kirchner que no puede revertir, por lo menos, al corto plazo. La figura de Guillermo Moreno sigue siendo una de las más cuestionadas por el sector político opositor y de las más defendidas por el oficialismo. “(Moreno) cumple órdenes de la presidenta”, aseguró el verborrágico Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que durante los últimos meses aportó sus argumentos sobre el origen de la inflación.

   El ministro asegura que las causas de la la inflación actual no se deben a “las complicaciones históricas que ha sufrido la Argentina, sino a un mejoramiento de la distribución”. Para Fernández, el dinero de los planes sociales como la Asignación Universal por Hijo y Argentina Trabaja “va al consumo, hace que exista una demanda que no se pueda satisfacer y, cuando esto sucede, forzosamente tienden a subir los precios”.

   Miguel Angel Calvete, titular de la Cámara de Autoservicios y Supermercados propiedad de Residentes Chinos (CASRECH), coincide con el Jefe de Gabinete: “Se está dando escasez de productos, como el azúcar, y algunas empresas como -por ejemplo- Sancor no está entregando productos lácteos. La retracción en la entrega de mercaderías por parte de las industrias a los vendedores mayoristas, minoristas o distribuidores, genera que al haber una demanda sostenida y una oferta menor, algunos precios tiendan a subir”.

   Calvete no duda en resposabilizar de la inflación a la especulación de los empresarios. “Muchas industrias hicieron su 'colchón', a pesar de que antes ya habían aumentado los precios en los productos”, asegura. Para él, los empresarios hicieron esto previendo el acuerdo de paritarias entre el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Coordinadora de las industrias de Productos Alimenticios (COPAL). A fines de mayo, las partes negociaron un aumento del 35 por ciento en los sueldos de los trabajadores.

   Por su parte, Horacio Ghilini considera que técnicamente no se está dando un proceso inflacionario porque para que sea así se debe identificar un crecimiento generalizado de los precios de los bienes y servicios y hasta ahora se ve el aumento en algunos sectores, especialmente el alimenticio. Por ese motivo afirma que se está dando más bien a “un repunte de la velocidad de crecimiento de la economía”. Al igual que Calvete, se muestra bastante crítico con respecto a las acciones del sector empresarial ya que, según él, uno de los factores que más incidieron en el aumento de precios fue “la desinversión del sector empresario durante el segundo semestre del 2009 que miró más la recesión global que el potencial crecimiento argentino del 2010”.

   Estas perspectivas señalan una variable que es muy pocas veces escuchada en los medios de comunicación, el papel de los formadores de precios: los grandes empresarios que pueden imponer condiciones a los consumidores y los proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas (pymes). La postura comúnmente expuesta es la de los economistas y hombres de negocios que reclaman soluciones a la inflación, sin considerar que las medidas para el freno del aumento de precios irremediablemente significa ajustes de salarios, un “enfriamiento” de la economía y, en consecuencia, despidos. Por lo tanto, los Gobiernos deben ser muy cautelosos respecto a las medidas que debe tomar.

   Carlos Heller, actual diputado nacional por el Frente Para la Victoria (FPV) y presidente del banco Credicoop, explica en una nota en el diario Página/ 12 que el aumento de precios está basado en la puja distributiva, en donde “pugnan salarios por un lado y la ganancia capitalista por el otro”. Sin embargo, advierte no asociar el aumento de los salarios al aumento de precio, como algunos sectores pretenden hacerlo porque lo considera “perverso” ya que tiende a congelar o empeorar la distribución del ingreso.

   “La inflación dejó secuelas muy graves en la sociedad argentina por los picos que hemos tenido en el pasado y por eso hay una sensibilidad importante”, considera Cinthia Pok y asegura: “El peor remedio para cualquier amenaza de inflación es ocultar el problema, porque la construcción de conciencia que se hace es sobre una inflación mayor a la que puede estar sucediendo y eso genera conductas en la población y en los agentes económicos, que ayuda a que efectivamente se desarrolle más inflación”.

   Ghilini, por su parte, afirma que existe una “demonización de la inflación” y que acontecimientos históricos como la hiperinflación que afectó el último período del gobierno de Raúl Alfonsín y el Rodrigazo abonan esa idea. A la vez explica: “La fortaleza de nuestra economía está en el mercado interno, y esto es poder adquisitivo de la población y pleno empleo, las demás variables de la economía deben acomodarse a estos principios y no a la inversa”. Por eso sería importante recordar las recetas que no funcionaron en el pasado para no cometer los mismos errores.