sábado, 10 de octubre de 2009

La democratización de la palabra

Una tarde la charla en un programa de la fm Bajo Flores, en el corazón de la villa 1-11-14, tenía como eje los derechos humanos y varios adolescentes del barrio se sumaron para opinar.
- ¿Por cuáles derechos luchaban los militantes de la décad
a del '70?- preguntó Mariela Pugliese, conductora y profesora de la UBA
- ¡Por la libertad de expresión! ¡Para que no hubiera censura!- fue la respuesta unánime e indiscutible para ellos.

Para Mariela resultó muy difícil deshacer el consenso sobre esa respuesta ya que, aunque la libertad de expresión es un derecho importante, los chicos no podían verse como los destinatarios de una vulneración de derechos humanos permanente.


La falta de viviendas dignas, buena alimentación y educación es una situación cotidiana para los jóvenes de la villa 1-11-14, de muchas otras partes de la Argentina y del mundo. El sentido común de ellos no despertó la alarma de la situación de carencia en la que viven. Los medios masivos de comunicación implantaron la idea de la defensa de la libertad por sobre todas las cosas, un derecho tan intangible que ni siquiera es completamente respetado por las legislaciones sobre la comunicación en la Argentina.

La ley de radiodifusión, creada por Jorge Rafael Videla en 1980, originalmente prohibía que las radios comunitarias tuvieran su lugar. Por lo tanto, eran consideradas ilegales hasta que la reforma de la ley en 1989 abrió el registro a las radios “truchas” para adjudicarle un permiso precario y provisorio hasta la aplicación de un nuevo marco legal q
ue las contemple.

El espectro radioeléctrico creció en los últimos 26 años de manera desordenada y generó una superpoblación. Alrededor de cuatro mil radios no regularizaron su situación. La ley de Servicios y Medios Audiovisuales es la cuenta pendiente “para que haya una manera plural, democrática, de concebir a los medios”, según Gastón Montells, miembro fundador de la fm La Tribu, una reconocida radio comunitaria.

En América Latina la comunicación alternativa, los medios creados por un grupo social con una intencionalidad política de participación o reivindicación de demandas, no es una experiencia nueva. Las primeras se instalaron a fines de la década del '40 en Colombia, por un cura en el valle de Sutatenza para el movimiento campesino de la zona, y en Bolivia, por trabajadores mineros. Los medios populares se extendieron por todo el continente y entre las décadas del '70 y '80 tuvieron su mayor crecimiento en Argentina.

Las radios comunitarias proponen un proyecto comunicacional alternativo al de los grandes medios y valores dominantes, por ese motivo la mayo
ría no tiene licencias e incluso -en países como Brasil, Guatemala y México- son perseguidas o restringidas a un limitado radio de influencia. En algunas pocas excepciones, entre las que se destacan las leyes de Uruguay, se las protege por considerarlas importantes en el desarrollo y el cambio social. La ley de Servicios Audiovisuales estipula un tercio del espacio radioeléctrico delimitado para este tipo de comunicación, separado de los medios comerciales o estatales.

“La ley no nos va a resolver todo, nos pone a prueba a todos los que estamos involucrados en la comunicación popular”, afirmó Eduardo Najera, uno de los creadores de la fm Bajo Flores y acérrimo defensor del proyecto de ley, que considera
“revolucionario” por plantear límites concretos a los multimedios.

La solidaridad y la participación ciudadana son los rasg
os comunes entre la comunicación popular y el nuevo proyecto de radiodifusión. Distintas organizaciones sociales, los sindicatos de la comunicación, desde movimientos intelectuales hasta piqueteros, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), a pesar de las diferencias, conformaron -en 2004- 21 puntos de acuerdo, la matriz de la ley de medios. Además se realizaron foros en todo el país, en los que participaron miles de personas con sus opiniones y propuestas.

Sin embargo, la predisposición de las organizaciones sociales a cambiar la ley de radiodifusión, desde comienzos de la democracia, no siempre estuvo ac
ompañado por el interés político a llevarlo a cabo. Hubo más de 70 proyectos de ley que llegaron al Congreso pero sólo uno tuvo despacho de comisión en la cámara baja en los últimos 26 años. Nestor Busso, secretario ejecutivo del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), adjudicó el avance del actual proyecto a la “madurez y voluntad social” y a la “firme decisión del Poder Ejecutivo de impulsar una ley que se enfrenta a los intereses de los grupos monopólicos”.

El debate circuló en todas las esferas de la sociedad, las propagandas televisivas a favor y en contra del proyecto de ley también. Los intereses económicos y políticos sobre los medios de comunicación mostraron el costado que siempre se quiso disimular, uno que involucra las estructuras de poder más qu
e el puro entretenimiento y el show para divertir a la gente. Por ese motivo, Montells afirma: “No solo se trata de la modificación del sistema de medios de comunicación sino del impacto, el reflejo, que tienen en los imaginarios y en la organización de la vida cotidiana”.

Luego de años de vacío legal sobre la comunicación popular, cuyo fin no es el lucro sino que es dar voz a los sectores exluidos por los medios masivos, la aprobación de la ley de Servicios y Medios Audiovisuales significaría un enorme avance y, a la vez, reconocimiento. “Las radios comunitarias tendrán que enfrentar el gran desafío de la calidad, buscar estéticas atractivas para expresar la diversidad cultural”, expresó Busso. Las buenas
propuestas serían fundamentales para los organismos y asociaciones civiles que concursen para la adjudicación de las licencias.

El proyecto de ley medios, a pesar de ser perfectible, instaló el ojo crítico (o dudoso) de gran parte de la sociedad sobre los contenidos e informaciones. “Esta ley es un ejemplo”, manifestó Frank Larou, de la ONU; para otros no es más que una “mordaza”. Eduardo Najera, un fiel representante de las radios comunitarias, reafirma la importancia de una nueva legislación ya que “si no se distribuye la palabra no se va a p
oder realizar la distribución de la riqueza”, la eterna lucha latinoamericana por la igualdad de derechos.

Me encantó esta tapa.
Se aprobó la ley.